Las siguientes reflexiones mostrarán cuán profundas son las razones para la movilización social que actualmente agita al país y que ha hecho evidente la aguda crisis de representación política que vivimos en Colombia, la cual, como toda crisis, puede ser un punto de inflexión positivo para vivir un proceso de democratización del país. Mas no hay seguridad de que ello suceda, pues depende del pulso de fuerzas y estrategias, como de la presión y las exigencias que el pueblo haga sobre el injusto gobierno que no debe soportar.
Estamos viviendo un momento histórico que los medios de comunicación tradicionales y el gobierno uribista tergiversan. Pero la verdad de la historia no les pertenece y están perdiendo la hegemonía simbólica, es decir, el dominio sobre la opinión pública y el pensamiento de las personas. ¿Y por qué estamos atravesando por un momento histórico? Porque la movilización y la protesta social está destronando al falso mesías de Colombia, y al reivindicar lo que por derecho le pertenece al pueblo, su soberanía, también puede estar reclamando en el fondo la doble sustancia de la democracia: la autodeterminación política y la igualdad social. Es un momento histórico porque podríamos estar a punto de comenzar una transformación que exija al sistema político acoger las demandas sociales de una vida digna, a las que ha sido sordo y que ha silenciado impune y violentamente desde hace varias décadas. Esta crisis política, que es una crisis de representación política en el nivel simbólico e institucional, puede ser una gran oportunidad para profundizar la democratización del país a la que abrió el camino la Constitución del 91.
Este ensayo tiene tres objetivos: en primer lugar, este ensayo busca exponer la magnitud[1] de la barbarie ejecutada por Álvaro Uribe Vélez y, en general, por el uribismo como fenómeno sociopolítico, que aún sigue aumentando las altísimas, lamentables y repudiables cifras de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y abusos y torturas por parte de la fuerza pública.
En segundo lugar, este ensayo presenta algunos argumentos para comprender la coyuntura actual en conexión con la historia y la estructura de nuestro país, para exponer algunas de las causas que hicieron estallar las protestas sociales y mostrar la plena legitimidad de las protestas sociales en general.
Por último y para despejar cualquier duda o manipulación, hacemos explícito que estas reflexiones son un ejercicio libre de la razón que no está adscrito a ningún partido político. Tampoco se trata de una apología a la violencia, ni mucho menos al “vandalismo” o al “terrorismo”, sino que, antes bien, denuncia la reducción de la protesta social al terrorismo como una de las estrategias perversas del discurso uribista. En este sentido, este ensayo es una demostración indirecta de la necesidad del pensamiento crítico para la democracia, el cual, como lo mostraron los grandes maestros de la crítica filosófica, puede y debe des-naturalizar los atributos de una sociedad. De esta manera, al mostrar que la vida no “es así” sin más, sino que ha llegado a ser así por un desarrollo histórico específico, el pensamiento crítico muestra, con razón, que la sociedad puede cambiar y que hay lugar para la esperanza ‒que filosóficamente se fundamenta aquí en el carácter histórico del ser humano‒, que no es lo mismo que un optimismo ingenuo. Estamos luchando contra un poder grande y que está dispuesto a la violencia, como lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Pero ante eso tenemos dos verdades. Ningún Estado moderno que precie de llamarse democrático puede sostenerse en el tiempo a través de la violencia directa. Y como lo enunció Gaitán, siguiendo el postulado fundamental de toda democracia: el pueblo es superior a sus dirigentes.
1. No es coyuntura, es estructura
Hace algunos días, antes de que estallara en el país la frustración social acumulada por décadas ‒por no decir siglos de despojo‒, una frustración que ha sido soportada y transmitida de generación en generación, Duque decía en una alocución pública que no se debía usar el contexto de la pandemia para “hacer política”, porque el país estaba pasando por una crisis coyuntural. Dicho en otras palabras, que la crisis social y de salud pública antes del 28 de abril se debía a la situación anormal o irregular por la que estaba pasando el país y el mundo por los devastadores efectos del COVID-19. Luego de que escalaran las protestas y movilizaciones, el discurso fue dirigido a culpabilizar a Petro, la guerrilla y sus disidencias, a Maduro e incluso hasta al gobierno ruso.
Éste es uno de los principales y más nocivos efectos discursivos que el gobierno uribista (bajo el mandato de Duque) tiene sobre la opinión pública: crear un marco de interpretación de las problemáticas sociales donde se exime de responsabilidad a la institucionalidad económico-política que rige el país. Así se genera un esquema de pensamiento que distorsiona la relación causa-efecto de las problemáticas sociales[2], de modo que el gobierno produce una forma de entender lo que sucede en el país para exculparse a sí mismo de la miseria que reproduce.
Por eso, para lograr una mejor comprensión de la situación actual del país, se necesitan herramientas interpretativas que superen el muy reducido marco explicativo con el que el gobierno trata desesperadamente de conservar la poca legitimidad que le queda y de capitalizar nuevos nichos no articulados de descontento social a su favor, o por lo menos en contra de la gigantesca marea de oposición ciudadana que actualmente lo rebasa. Y que ojalá políticamente lo supere en pro de un proceso de apertura democrática que tan urgentemente necesita el país, pues Colombia ha vivido una fluctuante pero ininterrumpida exclusión política desde hace por lo menos 70 años (primero por excluir formalmente otros partidos políticos y luego por excluir otras agendas políticas), la cual ha sido hasta ahora causa y efecto de la desigualdad que las élites regionales y nacionales han custodiado a sangre y fuego.
Dentro de ese marco de interpretación, la grave situación que ya vivía el país en materia de salud y de educación, por no mencionar la crisis del agro y la precariedad económica, es desconectada de las condiciones históricas y estructurales que han regido y rigen hegemónicamente en Colombia desde hace décadas. Por eso es preciso mostrar que las fuentes de estos problemas están enraizados en la estructura institucional del país, lo cual se puede evidenciar fácilmente en la continuidad histórica de las políticas neoliberales desde 1990.
¿Y qué quiere decir esto? Significa que durante treinta años consecutivos las políticas y las leyes del país favorecen día a día a las élites económicas y políticas gracias a la explotación de las clases media y baja; significa que el poder político no está cambiando en el fondo a pesar del espectáculos electorales de cada 4 años; significa que el gobierno no trabaja en pos del bienestar general de la población, sino que estamos autorizando a que otros gobiernen sobre nuestra vida en nuestro perjuicio, pero no como un acto plenamente consciente (y sólo entonces libre) sino como un acto manipulado por los mismos que nos gobiernan; significa que hemos consentido sin libertad una vida sin libertad; significa que nuestra vida presente no nos pertenece, así como tampoco nos pertenece el futuro que estamos sembrando con el sudor de nuestra frente; significa que no hemos entendido y al mismo tiempo hemos consentido la explotación que hacen de nosotros a través del modelo de desarrollo económico del país, pues éste produce inmerecidos y obscenos privilegios para unos pocos gracias al sacrificio, a las renuncias, a las necesidades, al hambre y al dolor que padece la mayoría de la población colombiana (y venezolana que vive en el país); significa que gran parte del sufrimiento que cargamos en nuestras vidas no tiene ni tendrá más sentido que hacer más ricos a los que ya son más privilegiados; significa que no vivimos en una democracia, porque una democracia no sacrifica la vida de la mayoría en beneficio de una minoría.
Eso es lo que significan 30 años de neoliberalismo, que se ha implementado con mayor profundidad en el país gracias al autoritarismo uribista. Para que no queden dudas de que las políticas estructurales del país están orientadas sistemáticamente a beneficiar a las élites capitalistas, veamos brevemente algunas de ellas:
(i) En materia de políticas educativas, las políticas neoliberales comenzaron débilmente bajo el Programa de Modernización Económica de Barco, pero sólo se asentaron ampliamente en la institucionalidad colombiana con la “Apertura Económica” de Gaviria. Con su “Revolución pacífica” se establecieron la productividad y la eficiencia como bases de las políticas educativas, buscando hacer el sistema educativo favorable al mercado, es decir, a la obtención de ganancias privadas. El decreto 2496 de 1990, pero sobre todo la Ley 30 de 1992 marcan el inicio de la neoliberalización de la educación en Colombia, pues comenzó a reducirse la inversión pública en el sistema educativo (dando lugar a un proceso deliberado y sostenido de desfinanciación) y sobre todo se orientó el tratamiento político de la educación como un servicio, en lugar de un derecho, institucionalizando la mercantilización de la educación. Con el gobierno de Pastrana, bajo la ley 715 de 2001 y los cambios realizados en el Sistema General de Transferencias, se fortalece una descentralización del sistema educativo que, si bien podría dar lugar a una mayor autonomía educativa, en realidad tiene como efecto adverso la introducción del principio de competencia que aumenta las obligaciones administrativas de los gobiernos locales, lo cual presiona para que haya una mayor participación de capital privado. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se gestiona otra supuesta revolución que no cambia nada, sino que tan sólo profundiza las políticas neoliberales en educación. El decreto 1278 de 2002 refuerza con la “Revolución Educativa” una visión economicista de la educación, orientándola cada vez más directamente a la “formación del capital humano”, es decir, educar para las necesidades del mercado. Asimismo, estas políticas dejan irresuelto el problema de la desfinanciación, así como aumentan el hacinamiento en el sistema educativo (menos profesores por un número mayor de estudiantes), la presión a la autofinanciación universitaria e incluso incrementan dependencia de actores extranjeros, que debe ser leída tanto en el sentido de la dependencia de la inversión extranjera, como en el hecho de que las políticas educativas colombianas son emanadas por instituciones extranjeras, como Banco Mundial. Con Santos prosigue el problema de la desfinanciación y hubo un intento fallido (porque las protestas sociales lo impidieron) de reforma a la ley 30 que buscaba profundizar la privatización de la Educación Superior y hacer de la educación un servicio dirigido a los clientes (orientación a la demanda). De ahí también la expansión del microcrédito (Icetex), es decir, de la promoción del endeudamiento de la población como forma de “garantizar” el acceso a la educación.
(ii) En materia de salud, las políticas neoliberales se instauraron con la Ley 100 de 1993 (cuyo principal ponente fue Álvaro Uribe Vélez), bajo el gobierno de Gaviria. A partir de esta ley, el sistema de salud ha estado sometido a un proceso de mercantilización y privatización que implica, como en los demás casos, que el Estado reduce sus obligaciones de dar garantía al acceso a la salud. Por un lado, esto significa menor financiación y, por el otro, mayor justificación para incrementar la participación del sector privado debido a la “falta de recursos”, que es producto de las políticas estatales, así esto nunca se presente de esta manera a la opinión pública. Aunque hubo en efecto una mayor cobertura, eso no ha significado un mayor o mejor acceso efectivo a los servicios médicos. De manera análoga al caso de la educación, el sistema de salud se orientó hacia el lucro, respondiendo a los lineamientos impuestos a través del Consenso de Washington[3] por el FMI y el Banco Mundial.
Cabe anotar que, a pesar de la prédica de la “libertad de mercado”, las competencias mercantiles que se introducen ocasionalmente son (o acaban siendo) desleales, en la medida en que lo hacen en condiciones desiguales de competencia, tendientes a la formación de oligopolios o monopolios. De ahí el surgimiento de los “carteles de la salud”, que comenzaron a implementar prácticas como los recobros, sobrecostos en los medicamentos y la reiterada negación de servicios, además del posicionamiento de algunas empresas de salud como las más lucrativas de todo el país. De ahí también que las instancias estatales encargadas de garantizar un adecuado funcionamiento del régimen privado (como la Superintendencia Nacional de Salud) casualmente no funcionan bien. Cualquier relación entre el lobby político que hacen las grandes empresas de salud y las falencias del control político, que por lo general afectan los derechos de los ciudadanos y favorecen los derechos de los capitalistas ha de ser pura coincidencia… Y pesar incluso de la prédica de disminuir la inversión estatal, en realidad sí se ha dado un aumento de la inversión, la cual no ha mejorado el acceso de los “clientes” a la salud, pero sí ha servido sustancialmente al enriquecimiento del capital financiero[4]. En conclusión, las políticas de salud en Colombia sí sirven para lo que realmente fueron creadas.
(iii) La misma ley 100 produjo efectos análogos sobre el sistema de pensiones, el cual fue sometido a un fuerte ajuste bajo los mismos pretextos neoliberales de la ineficiencia estatal y la falta de recursos. Como consecuencia, se introdujo el régimen privado y un ataque sostenido al régimen público, alegando falta de recursos (producida por desfinanciación estatal a los fondos públicos y las transferencias que termina haciendo al régimen privado). Nuevamente, la financiarización, la privatización y la desfinanciación produjeron efectos similares al sistema pensiones: la ampliación de la cobertura significó mayores cifras de afiliados al sistema y al mismo tiempo más precariedad en la vejez, pues quienes son escasos los que logran efectivamente pensionarse y cuando lo hacen por lo general no reciben una pensión realmente digna. Y una vez más, el incremento de las cifras de afiliados ha marcado un claro enriquecimiento de las aseguradoras privadas a costa del despojo de la dignidad de la vejez del pueblo colombiano.
(iv) Las políticas neoliberales aplicadas al campo laboral se encuentran principalmente en la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 789 de 2002. El espíritu neoliberal que prima en dichas reformas puede sintetizarse bajo la idea de que ellas buscan reducir los costos de producción y flexibilizar el mercadode trabajo para hacer más fácil la acumulación de capital. En otras palabras, se busca sistemática y deliberadamente que contratar y despedir personas sea más fácil y barato para las empresas(es decir, ¡bajar el salario![5]), y que las contrataciones tengan menos limitaciones o responsabilidades impuestas políticamente, como los mismos derechos laborales o los programas sociales de apoyo a los grupos vulnerables del país. De ahí que el panorama dejado por las políticas neoliberales sea desolador: reducción o eliminación de prestaciones sociales, tercerización laboral, reducción de los costos de despido y de sus límites legales, disminución de las responsabilidades del empleador, la rebaja de las horas nocturnas y un fuerte incremento del trabajo informal. Julio Cesar Caro Moreno (2015) lo expresa con toda claridad:
De esta forma, los costos laborales, motivan a los empresarios a prescindir cada vez más del trabajo formal, y el marco legislativo dado por las reformas de flexibilización le otorgan la permisividad necesaria para desechar cada vez más un mayor número de estos trabajadores. (…) Es así, que antes de constituirse la Ley 100 como un sistema de protección a los trabajadores, se convierte en el incentivo que empuja a los empresarios a recurrir a modalidades de empleo más flexibles que les eviten la causación de estos costos de contratación, y es así que aparecen un sinnúmero de posibilidades y modalidades de contratación, que respaldadas por el objetivo de flexibilizar el mercado para hacerlo “más dinámico”, apartan al trabajador de condiciones estables y crea la conciencia de inestabilidad con la cual se hace más fácil la manipulación del trabajador a partir del miedo a la incertidumbre (p. 35-6)[6]
¿Cuáles han sido las consecuencias de estas políticas laborales sostenidas durante 30 años? ¿Acaso la pobreza comenzó en Colombia por el Covid-19? Para el año 2019, el propio DANE[7] informó que el 35,7% de la población estaba bajo la línea de la pobreza monetaria (es decir, que era pobre quien tenía un salario inferior a 325.000 pesos mensuales); por su parte, la pobreza extrema fue estimada en un 9,6%. O sea que cerca de la mitad de toda la población colombiana ya vivía en la pobreza o en la pobreza extrema, teniendo en cuenta que, según la medición utilizada por el DANE, a partir de 325.000 ya no se es pobre (¿y entonces se es clase media por ganarse 340.000 pesos mensuales?), aunque es por todos conocido que hace falta mucho más dinero para tener una vida mínimamente digna en el país. O sea que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ya había una crisis social en el país como producto de las políticas neoliberales, antes de la pandemia del Covid-19 y mucho antes aún de las protestas sociales ‒a las cuales el gobierno les atribuye falsamente la crisis actual del país (por la “desestabilización política”, el aumento de la pobreza, el supuesto desabastecimiento, la pérdida de soberanía alimentaria o la pérdida de trabajos, por mencionar unos cuantos), como parte de su sucia estrategia mediática.
(v) Las políticas neoliberales también han afectado notoriamente al agro en el país, puesto que ha facilitado la acumulación de tierras gracias a prácticas estatales y paraestatales de despojo, ¡dando lugar con ello a una de las peores concentraciones de tierra en todo el mundo!, así como ha promovido la precarización del campesinado y ha afectado gravemente la soberanía alimentaria del país. Por un lado, la multinacional Bayer-Monsanto implementa estrategias de presión, respaldadas por la represión estatal, para que los campesinos compren sus semillas modificadas genéticamente, las cuales son estériles y no sirven para hacer nuevas cosechas. Por otro lado, además de esta atroz estrategia de generación de dependencia del campesinado hacia las empresas para impulsar el lucro de estas últimas, los TLCs han transformado la balanza comercial agropecuaria del país, de manera que se le da prioridad a la importación de productos agrícolas (como la soya, la leche, o el trigo, entre muchos otros) que se producen nacionalmente, afectando de esta manera a la producción nacional. Es por esto que la pérdida de soberanía alimentaria viene siendo un efecto de los TLCs, es decir, ¡es producto de políticas gubernamentales sostenidas durante años enteros! No obstante, el gobierno y ciertos medios de comunicación atribuyen el riesgo de esa pérdida al Paro para deslegitimarlo, cuyos efectos en ese sentido son excepcionales y coyunturales, en contraste con el efecto estructural y permanente (por lo menos hasta que sean retirados o modificados) de las políticas neoliberales.
Y como si lo anterior no fuera poco, los TLCs han impuesto una competencia desigual entre productores nacionales, muchos de los cuales trabajan en condiciones precarias y con escasos subsidios, y empresarios agrícolas de países desarrollados que cuentan con procesos industrializados además de fuertes subsidios estatales y al mismo tiempo exigen una competencia “libre”, desestimulando e incluso recriminando los subsidios estatales de los países subdesarrollados. Esto sin mencionar que el modelo de desarrollo económico basado en la extracción minero-energética produce una gran devastación natural y a cambio de la inmensa riqueza extraída del suelo colombiano quedan regalías pírricas y, no por casualidad, aún más despojos de tierra y frecuentes prácticas violentas, dejando a Colombia con el asesinato de defensores medioambientales más alto de todo el mundo[8].
Aún existen muchos más efectos negativos (y por supuesto también positivos) que por motivo de espacio no pueden ser reconstruidos aquí. Sin embargo, el objetivo de la argumentación precedente no era exponer la historia del neoliberalismo en Colombia sino tan sólo mostrar que la crisis social y política por la que vive el país no es coyuntural (ni temporal ni institucionalmente hablando), ni mucho menos es producto del estallido de la protesta social en el año 2021, sino que es producto de la infraestructura económico-política de Colombia impuesta políticamente desde hace al menos 30 años para implementar un modelo de desarrollo capitalista neoliberal que produce sistemáticamente miseria y violencia. Lo que la mayoría de la población ignora es la dimensión de este problema. (Sobre esto tratará la segunda parte).
[1] En este sentido este escrito no es original, al menos no para la academia u otros sectores de la opinión pública que conocen las cifras, pero quizá con seguridad podemos suponer que la mayoría del pueblo colombiano no es consciente de ello y es importante contribuir a su divulgación.
[2] La relación causa-efecto que utilizamos para explicar los fenómenos sociales por supuesto es compleja y debe evitarse siempre tanto la reducción a explicaciones monocausales, como la omisión de la mayor importancia explicativa que tienen algunos factores sobre otros.
[3] Así se le conoce al documento en el que se encuentra el conjunto de “recetas neoliberales” que Estados Unidos ha impuesto en América Latina desde los 90, quienes han dirigido o impuesto a través de las dictaduras la implementación de políticas y “ajustes estructurales” en la región, de lo cual, sobra decirlo, se ha beneficiado y se sigue beneficiando hasta el día de hoy.
[4]Véase:https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/19073/1/4Una%20aproximaci%C3%B3n%20a%20la%20moda%20econ%C3%B3mica%20y%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20los%20derechos%20humanos%20en%20Colombia..pdf
[5] Lo cual no se hace directamente bajando el salario mínimo porque constitucionalmente está prohibido (aunque no les falte ganas de hacerlo y por eso predican los “especialistas” que “el salario mínimo en Colombia está muy alto”), sino teniendo en cuenta otras variables como el incremento porcentual del salario mínimo y la inflación o generando nuevas modalidades de contratación.
[6] Caro, J. (2015). Mercado y Legislación Laboral en Colombia Periodo 1990-2010. Jurídicas CUC, 11(1), 13-44. pp. 36
[7] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-monetaria-dptos_2019.pdf
[8] https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/colombia-primer-lugar-por-lideres-ambientales-asesinados-en-el-mundo-informe-global-witnees-523552
Opinión a la Plaza 
¡Muchísimas gracias!
________________________________
Me gustaMe gusta